Al señalar que la pandemia ocasionó la flexibilización de las garantías laborales y toda clase de prácticas vejatorias que condicionan el acceso a un empleo, el diputado Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del PT en el Congreso local, propuso sanciones de uno hasta cuatro años de prisión al patrón que obligue o condicione por cualquier medio a una persona a firmar documentación en blanco para su contratación o en cualquier momento de la relación laboral.
En este sentido, de acuerdo con la iniciativa de reformas al Código Penal, los tribunales laborales diariamente abordan este tipo de demandas y resulta preocupante que las empresas que más acuden a esta práctica son las menos reguladas y que menores responsabilidades guardan frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo el esquema de subcontratación (outsourcing).
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