A nombre de la bancada ecologista, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón propuso penas de tres a nueve años de prisión en contra de quien evite el ciclo hidrológico natural en las fases de condensación y precipitación, o utilice, maneje o instale tecnologías que tengan el mismo fin, como los cañones antigranizo o vuelos en avioneta, en jurisdicción estatal o municipal,
Para esto, la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, dispone que corresponderá a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y vigilancia ambientales, así como de prevención y, en su caso, de sanción, a quienes recurran a esas prácticas.
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