Foto. @BernaJasso
- Es urgente se esclarezca de manera inmediata el asesinato de la maestra Sonia Pérez Rodea.
- Se han registrado más de 176 feminicidios en la entidad mexiquense, en el último año.
- Hay agresiones constantes contra defensoras de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó a las autoridades mexiquenses que esclarezcan de manera urgente el asesinato de la profesora Sonia Pérez Rodea, quien laboraba en la Universidad de aquella entidad, que gobierna Alfredo del Mazo Maza.
La mentora fue hallada en los baños de la zona de camerinos del Teatro Universitario “Los Jaguares”, en Toluca, estado de México, luego de que acudió –una noche antes– a las instalaciones universitarias para participar en una obra de teatro.
José Antonio Lara Duque, quien preside el “Zeferino Ladrillero”, recordó que en su último informe, el Centro de Derechos Humanos documentó 176 feminicidios sólo en la entidad mexiquense entre septiembre 2017 a julio 2019, durante la administración de Alfredo Del Mazo, estado federativo que el mayor número de estos delitos.
“Es urgente, activar la Alerta de Género en los 125 municipios de la entidad, ya que, también hemos documentado ataques a defensoras mexiquenses como el caso de Nieves Rodríguez, del Frente Popular en Defensa de la Tierra.
“La defensora se niega a entregar su casa por donde se planea una carretera; también el caso de Ernestina Ortiz, del Consejo Indígena del Trueque quien se encuentra registrada en el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas por amenazas de muerte; y, el asesinato el 25 de marzo pasado de Eulodia Díaz, de ese Consejo.
“Es claro que las instituciones encargadas de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexiquenses no están cumpliendo con sus obligaciones, más bien, los despojan de su territorio, agua o identidad, y ante esto los pueblos han encontrado una posibilidad en la organización comunitaria”, dijo.
“Por estos motivos, hacemos un enérgico llamado a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para que implemente las medidas preventivas para que estos delitos cesen en la todo el país”, expresó el abogado Lara Duque.
En este sentido, recordó que en México se vive una crisis de violencia inédita contra periodistas y defensores de los derechos humanos a partir del clima de impunidad e inseguridad que se recrudecerse. “Basta recordar la serie de agresiones que han sido sujeto periodistas en las últimas horas, así como los más de 15 comunicadores que han sido asesinados en el último año”.
“Sin duda se registra un aumento en la conflictividad social, que provoca un aumento en el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos, por eso nos sumamos al llamado internacional —de los relatores de libertad de expresión de la ONU— quienes advierten la necesidad de una respuesta muy específica del gobierno de López Obrador a estas circunstancias”, dijo.
El abogado Lara Duque explicó que la construcción de mega-proyectos (sumamente contaminantes de nuestro medio ambiente), la violencia exacerbada hacia las mujeres, la constante criminalización de la organización y protesta social, ha dejado a cientos de personas desaparecidas, encarceladas o asesinadas por distintos grupos de interés.
Expresó que los pobladores de las comunidades y pueblos del país y, particularmente del estado de México, que viven bajo una violación permanente y sistemática a sus derechos humanos y garantías individuales.
A manera de ejemplo, basta recordar los recientes actos de intimidación, así como la amenaza de muerte que ha sufrido el periodista Emir Olivares del diario “La Jornada”; la intimidación a los comunicadores del “Semanario Zeta” por parte del gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla. “Nosotros en carne propia hemos recibido amenazas de muerte por nuestra actividad por defender los derechos humanos”.
“Hacemos un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que garanticen la libertad de prensa en nuestro país; claudicar a que la sociedad reciba información de primera mano sobre los actos públicos hace retroceder a México y a su sociedad”, advirtió.
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