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De acuerdo con EdoMex Informa…
Almoloya de Juárez, Estado de México, 2 de enero de 2019.
En 2018, Edgar “N” cometió un ilícito no grave bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, hecho que afectó su situación jurídica y la estabilidad de su núcleo familiar.
Para él, enfrentar una pena privativa de libertad era inminente, pero esto cambió cuando personal del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), le informó sobre el Programa de Justicia Terapéutica, en su modalidad de Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA).
A cambio de no ir a prisión, aceptó someterse a un tratamiento de rehabilitación por consumo excesivo de alcohol y marihuana, por lo que un juez suspendió de manera condicional el proceso que se le seguía.
“No lo platico con mi familia, porque fue aquí mismo donde yo tomé la decisión, fue aquí mismo donde yo dije no, pues si está bien, si es algo que me va beneficiar tengo que escoger esa opción”, recuerda Edgar, quien además se sometió a intervenciones psicológicas como parte de su tratamiento.
