Prohibido votar por una indígena
Por Juan Villoro/ The New York Times
CIUDAD DE MÉXICO —El 14 de febrero una camioneta recorría el desierto de Vizcaíno en Baja California Sur. Daban las 3:30 de la tarde, después del almuerzo, bajo un calor intenso, en la Carretera Federal 1, que carece de curvas y adormece peligrosamente. Todo conspiraba a favor del riesgo, pero la caravana no podía detenerse.
En octubre de 2017, la indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, inició su campaña para convertirse en candidata independiente a la presidencia, respaldada por el Concejo Indígena de Gobierno. Durante cuatro meses visitó los más diversos rincones del país para escuchar a sesenta etnias que carecen de representación en la política mexicana. Se suele pensar que los indígenas representan un bloque monolítico, con idénticas costumbres y creencias; en realidad, se trata de un mosaico multicultural que responde a realidades y proyectos diferentes. Para obtener la candidatura, Marichuy debía lograr antes algo más difícil: unir a las comunidades en objetivos comunes.
El jueves 14 avanzaba en las precarias condiciones que la acompañaron en todos los caminos. Si los políticos viajan en aviones y camionetas blindadas, Marichuy se sometía a trayectos extenuantes y se adentraba en regiones inhóspitas (el 20 de enero el coche de prensa que la acompañaba fue asaltado en Michoacán por una banda del crimen organizado). A cinco días de que venciera el plazo para lograr el registro como candidata independiente, la vocera hacía proselitismo en una de las regiones menos pobladas del país. No apostaba por el pragmatismo electorero, sino por acercarse a los más apartados.
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