Toluca de Lerdo, México, 11 de abril de 2022. La diputada Claudia Desiree Morales Robledo propuso sancionar hasta con ocho y 10 años de prisión, y con la inhabilitación de por vida para desempeñar cualquier cargo en instituciones educativas al personal docente o administrativo de escuela pública o privada, respectivamente, que se aproveche de su posición para cometer hostigamiento o acoso sexual.
La iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal, ambos de la entidad, también impulsada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, plantea además aumentar las penalidades, para imponer de dos a cuatro años de prisión, a quien, con fines de lujuria asedie a una persona subordinada, valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía.
