Toluca de Lerdo, México, 18 de noviembre de 2021. La Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal aprobó por mayoría de votos que los ayuntamientos de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero enajenen y subasten públicamente dos, uno y seis inmuebles municipales, respectivamente, para obtener recursos y cumplir con sentencias judiciales, aunque su presidenta, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), señaló que se debe castigar a las o los servidores públicos que ponen en riesgo las finanzas públicas y el patrimonio de la ciudanía.
La legisladora puntualizó que de no aprobar las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo se podrían tener consecuencias legales para las actuales y futuras administraciones municipales, pero subrayó que las salidas fáciles con el tiempo generan crisis insostenibles para la ciudadanía, por lo que exhortó a las autoridades municipales y estatales a ser eficientes en el manejo de recursos públicos, pues para 2022 se incrementó el 4.7% el presupuesto a las entidades y los municipios, participaciones que no estarán etiquetadas y será su responsabilidad determinar las prioridades del gasto.
A San José del Rincón se le autorizó desincorporar dos inmuebles con superficie de cinco hectáreas cada uno para que pague una deuda de 28 millones 155 mil pesos por el revestimiento de caminos derivado del contrato firmado por la administración 2009-2012 con la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario S.A. de C.V. ; mientras que a San Felipe del Progreso se le autorizó desincorporar un inmueble de mil 727.83 metros cuadrados para transmitirlo al ciudadano José Armando Sandoval Esquivel para dar cumplimiento al requerimiento de pago dictado dentro del expediente 1464/2006 tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
A Nicolás Romero se le autorizó enajenar seis inmuebles, de entre 126 a 969 metros cuadrados, para pagar un laudo en favor de Agustín Olivares Balderas por requerimiento de pago y/o embargo ante la sala auxiliar de Tlalnepantla por 40 millones 456 mil pesos.
Respecto a las solicitudes de desincorporación de los municipios de Metepec y Toluca, así como del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), se aprobó solicitar a la Junta de Coordinación Política que convoque a síndicas o síndicos municipales y a representantes del Instituto y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pues persisten dudas sobre el destino de los recursos que se obtendrán.
En la reunión la diputada Anais Burgos, Emiliano Aguirre Cruz, Alicia Mercado Moreno y Elba Aldana Duarte, de Morena, y Juana Bonilla Jaime, de MC, criticaron el manejo de las finanzas públicas municipales y solicitaron más información sobre las solicitudes de desincorporación de los ayuntamientos y sobre el destino de los recursos de los 22 predios del Issemym, de los cuales se busca obtener 328 millones 866 mil pesos.
En tanto que Paola Jiménez Hernández e Iván de Jesús Esquer Cruz, del PRI, y Miriam Escalona Piña, del PAN, argumentaron que los ayuntamientos cuentan con la facultad de enajenar sus inmuebles y que el Issemym fortalecerá la atención a derechohabientes con la desincorporación de predios, mientras que el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado (PRI) solicitó información sobre los municipios que le adeudan al Instituto.
Fuente: http://legislativoedomex.gob.mx/comunicado.php?id=211
Plantean prisión por incumplir adeudos con proveedores
Toluca de Lerdo, México, 19 de noviembre de 2021. Ante la deuda de los municipios a sus proveedores, que se calcula en casi 5 mil millones de pesos por el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, el grupo parlamentario del PVEM en el Congreso local propuso que en los procesos de entrega-recepción de las administraciones locales, quienes concluyan su periodo con adeudos a proveedores no reciban carta de no-adeudo y pueda imputárseles el delito de obstrucción de la inversión, que se sanciona hasta con 10 años de prisión y la destitución e inhabilitación de sus cargos.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora de este grupo legislativo, explicó que los ayuntamientos que entrarán en funciones a partir del 1 de enero del año próximo enfrentarán este problema que cada tres años se hace evidente, pues las malas prácticas se hacen costumbre y muchas autoridades locales suponen que es muy fácil realizar compras de bienes y servicios, pero no se ocupan de pagarlos.
Agregó que en este contexto también los proveedores, que en la entidad suman alrededor de 700 mil medianas y pequeñas empresas, en el ánimo de incrementar sus ingresos, apuestan por vender a los gobiernos locales incluso a crédito, haciendo una inversión de alto riesgo en la que no está garantizado el pago por tales insumos.
La iniciativa de reforma a las leyes Orgánica Municipal, de Responsabilidades Administrativas y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como al Código Penal, señala que, de 25 municipios con más deudas en el país, cuatro se ubican en esta entidad.
Las bancadas de Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano y el PAN se adhirieron a esta propuesta que se remitió para su dictamen a las comisiones de Legislación y Administración Municipal, de Procuración y Administración de Justicia, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, y para emitir opinión, a Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, a solicitud de su presidenta la legisladora Evelyn Osornio Jiménez.
Fuente: http://legislativoedomex.gob.mx/comunicado.php?id=212
Toluca de Lerdo, México, 22 de noviembre de 2021. Los grupos parlamentarios del PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano en el Congreso local, a través de sus coordinadores, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, Rigoberto Vargas Cervantes y Martín Zepeda Hernández, respectivamente, anunciaron la creación de un frente legislativo por la defensa del patrimonio municipal y en contra de la desincorporación de sus bienes para el pago de laudos y adeudos generados por la irresponsabilidad de administraciones anteriores.
En conferencia de prensa, la diputada María Luisa Mendoza expuso que no están en contra de los particulares a quienes los ayuntamientos les adeudan, ya que están en su justo derecho de cobrar y recuperar su inversión, pero sí en contra de la venta de terrenos o construcciones que no tengan por destino el bien de las personas, sino de algún particular en concreto.
Desestimó este mecanismo para hacerse de recursos porque no hay garantía de que serán suficientes para liquidar pasivos, y reafirmó que esta alianza legislativa también busca velar por los intereses de las minorías.
El diputado Rigoberto Vargas informó que en próximos días presentarán al Pleno una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para establecer que la desincorporación de este tipo de bienes materiales no debe servir para el pago de adeudos.
Añadió que los tres grupos legislativos coinciden en que los ayuntamientos deben cubrir sus adeudos con proveedores y por laudos laborales, pero deben ser lo suficientemente responsables para no volver a incurrir en este tipo de deudas. Para el caso del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), que espera autorización para la venta de diversos bienes, se pronunció porque, en efecto, se destine a la compra de medicamentos y porque los ayuntamientos presenten proyectos presupuestales para 2022 que verdaderamente les permitan operar sin tener que recurrir a créditos.
En su intervención, el legislador Martín Zepeda recordó que en comisiones legislativas ya votaron en contra de las desincorporaciones de diversos bienes a San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero, y que solicitaron mayor información
para tomar una decisión.
Enfatizó que la venta del patrimonio municipal es una salida fácil, pero que sus grupos legislativos no van a solapar decisiones irresponsables, porque de aprobarse esta vez, no tardarán más municipios en pedir autorización para enajenar terrenos o edificaciones.
Cabe citar que la Comisión Legislativa de Patrimonio estatal y Municipal continua con el estudio de las solicitudes de desincorporación de Metepec y Toluca, así como del Issemym, por lo que aprobó solicitar a la Junta de Coordinación Política que convoque a representantes de este instituto, autoridades municipales, y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pues persisten dudas sobre el destino de los recursos que se obtendrán.
Fuente: http://legislativoedomex.gob.mx/comunicado.php?id=220
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