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De acuerdo con proceso…
MÉXICO D.F. (apro-cimac).- El gobierno del Estado de México –entidad en la que se registra la desaparición de dos mujeres al día, de acuerdo con organizaciones civiles– no da muestras reales de querer garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género.
La semana antepasada esta agencia informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades de la administración de Eruviel Ávila cometieron irregularidades al investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en 2010 en el municipio de Chimalhuacán, por lo que ordenó reabrir el caso como un probable feminicidio y no como un supuesto “suicidio”.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), tras la resolución con carácter de “urgente” del máximo órgano judicial del país, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en primer lugar debía asegurar que el agente judicial mexiquense Julio César Hernández Ballinas –señalado como responsable del asesinato de Mariana– no busque eludir a la justicia.
Además, debía brindar seguridad a Irinea Buendía, madre de Mariana, y a su familia; garantizar que la nueva investigación la realice personal altamente capacitado en derechos humanos y perspectiva de género, y asegurar que altos mandos respondieran ante el caso calificado por la SCJN como “importante y trascendente”.
Sin embargo, nada de ello ha ocurrido.
Pretextos
En entrevista con esta agencia, Rodolfo Domínguez, director de Justicia, Género y Derecho Humanos y abogado del caso, señaló que la falta de compromiso por parte de la PGJEM sigue siendo una constante.
Hasta el momento, dijo, no hay un acercamiento oficial de la Procuraduría con la familia de Mariana Lima. El argumento: la dependencia no ha sido notificada formalmente de la resolución de la Corte.
A decir del abogado, la notificación es un “mero formalismo que la PGJEM está usando para ganar tiempo”, pues ya existen los elementos suficientes para iniciar de nuevo la investigación. Además, recalcó que para este momento las autoridades ya debían haber garantizado que Hernández Ballinas sería considerado como probable responsable y, en consecuencia, garantizar que no escape de la justicia.
En una reunión informal que el OCNF mantuvo con personal de la PGJEM se informó que el presunto culpable no ha sido suspendido como agente judicial. Se argumentó “que lo van a tener contratado para tenerlo vigilado”.
Rodolfo Domínguez agregó que actualmente el caso se encuentra en la Fiscalía de Asuntos Especiales, que depende directamente de la PGJEM. No obstante, manifestó su preocupación de que se decida regresar el expediente a la Fiscalía de Feminicidio, la misma que determinó el no ejercicio de la acción penal contra Hernández Ballinas, al considerar que el caso no cumplía con las características de este delito.
El defensor subrayó que, debido a las negligencias cometidas, hay mucho material probatorio que se perdió, pero existen elementos rescatables en el expediente, por lo que se debe garantizar que la investigación mandatada por la SCJN la realice personal altamente capacitado.
“Por experiencia en otros casos sabemos que ese personal no existe y ante este mandato judicial, la Procuraduría tiene la obligación de contratar al personal capacitado que se requiere”, observó el abogado.
Las autoridades mexiquenses encargadas de procurar y administrar justicia no están dimensionando la importancia de la resolución de la SCJN, acusó, pues ésta no sólo ordena realizar de nuevo la investigación, sino que mandata hacer una revaloración al interior de la PGJEM.
“Lo que la sentencia está diciendo no es poca cosa, pues analizaron el expediente y su respuesta también señala que hay un actuar deliberado y doloso para obstruir el acceso a la justicia a las víctimas de violencia feminicida, lo que se traduce en corrupción, impunidad y violencia institucional”, puntualizó
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=400387
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