Saludos.
De acuerdo con la jornada…
El juez federal Carlos Martínez Hernández resolvió el pasado viernes que la venta de varias hectáreas en las que fueron construidas unas mil 500 viviendas durante las administraciones de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, muchas de ellas de interés social, configuran un fraude y un delito especial de fraccionadores
, ya que las casas se edificaron sin contar con los permisos de uso de suelo correspondientes, además de que se vendieron a un sobreprecio de hasta 40 por ciento y, por si fuera poco, las viviendas se entregaron a sus compradores aun y cuando constructoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integral de Viviendas, entre otras, no habían concluido la instalación de los servicios de alcantarillado, agua potable y alumbrado público.
Continúa en: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/04/politica/021n1pol
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