Con el fin de actualizar el marco normativo estatal con la Carta Magna, en materia de reforma judicial, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) presentó a la LXII Legislatura mexiquense una iniciativa de reforma a la Constitución local, para establecer que magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial mexiquense sean electos por voto popular, con opción a reelección; ocupen el cargo nueve años; y perciban una remuneración que no rebase la de la persona titular del Ejecutivo federal.
La propuesta establece que la elección tenga lugar el día de las elecciones ordinarias de diputados y diputadas del Congreso estatal; que la Legislatura mexiquense emita la convocatoria respectiva conforme a los cargos sujetos a elección; que cada poder del Estado integre un comité de evaluación de las y los aspirantes, e integre las listas de las personas idóneas para participar en la elección, la que corresponderá procesar al Instituto Electoral del Estado de México.
También que en el Poder Judicial mexiquense no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley, y reemplazar el actual Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial, con independencia y autonomía técnica, tanto en su gestión como en la emisión de resoluciones, y que esté separado de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia estatal.
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