Culiacán, Sin., 5 de enero. Alrededor de 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2) alrededor de 110 mil casas que se encuentran en cartera vencida en México, informaron organismos defensores de derechohabientes en esas entidades.
El Frente en Defensa de la Vivienda de Sinaloa, el Colectivo Ciudadano por la Defensa del Patrimonio Familiar de Mazatlán, el Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora, y Ciudadanos en Defensa de la Vivienda del estado de México advirtieron que se defenderán de lo que llaman “política neoliberal y privatizadora del gobierno federal”.
Aseguraron que abogados ligados al Partido Acción nacional (PAN) manejan los despachos que cobrarán la cartera vencida.
“El Infonavit vendió a empresas extranjeras de cobranza 110 mil viviendas a precios que oscilan entre 8 y 10 por ciento de su valor real.
“Según el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Infonavit, Sonora tiene 23 mil viviendas en cartera vencida, casi 20 por ciento del total nacional, y Sinaloa alrededor de 15 mil, que representan casi 13 por ciento”, señaló César del Pardo Escalante.
El activista defensor de derechohabientes del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, acusó a las autoridades de agravar el problema al favorecer a despachos de recuperación de cartera que iniciaron acciones legales contra morosos.
El Infonavit vendió a Pendulum Associates y a SCRAP 2 la cartera vencida de unas 110 mil familias del país, a un precio promedio de 15 mil pesos cada una. En Sinaloa y Sonora, donde hay unos 38 mil créditos vencidos, el monto asciende a casi 570 millones de pesos.
En su página de Internet, (www.pendulum.com.mx), la empresa asegura estar dispuesta a ofrecer alternativas a los deudores, entre ellas el pago del adeudo en una sola exhibición, pagos a corto plazo y la restructuración global del préstamo, lo que implicaría tramitar nuevos créditos con tasas de mercado actualizadas.
La compañía asegura que administra más de 50 mil créditos hipotecarios, 10 mil comerciales y más de 3 mil hipotecarios residenciales. Tiene sus oficinas centrales en la ciudad de México y opera en las de Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Mérida, Monterrey, Tijuana y Torreón.
“Sin embargo, si los deudores son incapaces o no desean llegar a tal salida negociada, no tendremos otra opción que dar seguimiento a la recuperación a través de todos los métodos legales disponibles, hasta la adjudicación y el remate judicial de la garantía”, acota.
Organizaciones defensoras de derechohabientes señalan que la restructuración cuesta 19 mil 500 pesos, por gastos de cobranza y administrativos, lo que generaría ganancias de al menos 112.5 millones de pesos a las empresas estadunidenses.
“La restructura tiene un valor jurídico. En caso de que el derechohabiente no cumpla al pie de la letra el convenio, automáticamente éste se convierte en sentencia. O sea, primero te restructuro y después te despojo de la vivienda”, explicó Del Pardo.
“El mecanismo es el siguiente: después de la restructuración, la parte acusadora (el Infonavit) impone una mensualidad que es prácticamente imposible de cumplir. A esos juicios se les denomina ‘especial hipotecario Infonavit vs. demandante”’, comentó.
Posteriormente se presiona al trabajador para que acepte diversas cláusulas, entre ellas mensualidades que no corresponden a 25 por ciento de su salario, sino hasta 70 por ciento.
Todas las restructuraciones, advirtió Del Pardo, violan las disposiciones del Infonavit y contravienen los regímenes ordinario y especial de amortización, que permiten al empleado conservar su vivienda ante falta de solvencia, y negociar.
Así, la venta de cartera del instituto a particulares afecta al trabajador, al despojarlo de su vivienda y permitir que terceros apliquen criterios de carácter privado en un asunto público que nació como una prestación social, concluyó el activista.
En Sonora, el despacho encargado de perseguir a los derechohabientes es Consultores Profesionales Corporativos, que opera en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales; en Sinaloa operan Corporativo Jurídico, Expertos en Cobranza Extrajudicial, Lexis Abogados, Despacho de Asesoría y Gestoría Múltiple, que actúan sobre todo en Culiacán, Ahome y Mazatlán.
Los abogados que litigan para estas firmas obtienen entre 10 y 25 por ciento del monto que recuperen, pero si la vivienda es recuperada y rematada, las ganancias pueden llegar hasta 75 por ciento, informaron fuentes no oficiales.
El despacho Prossin pega calcomanías de casi medio metro de largo por 30 centímetros de ancho en puertas de casas de morosos, como sucedió a una joven que ignoraba estar en cartera vencida y, paradójicamente, labora en una firma de abogados que brinda servicio de cobranza al Infonavit.
El pegote decía: “Estimado acreditado: urge regularizar la situación de tu crédito. Acude de inmediato a las oficinas de Infonavit, ubicadas en Prossin (Rosales 309 Pte., casi esquina con Morelos, col. Centro, Culiacán, Sinaloa, tel. 667 212 74 21)”.
Este domicilio no es la delegación del Infonavit en Culiacán, sino el despacho. El documento pegado en la fachada de la vivienda, ubicada en la colonia Bugambilias, tenía el logotipo del instituto gubernamental y ofrecía: “De presentar problemas de invalidez o incapacidad, te pedimos comunicarte a Infonatel al 91715050 desde la ciudad de México, al 01800 008 3900 del interior de la República, o dirigirte a las oficinas de Infonavit en el estado”.
La afectada, quien pidió anonimato, informó que obtuvo un crédito por 250 mil pesos hace seis años, y paga unos 2 mil 500 pesos mensuales. “Según yo estaba al corriente; hacía mis pagos por Internet y hasta por dos o tres meses, pero ahora resulta que no, que debo hacer los pagos uno por uno, y que debo uno o dos meses, pero ésta no es manera de cobrar, exhibiéndome. ¿Como acreditada merezco esto?”
Por su parte, el Infonavit informó que por disposición de su consejo de administración, entre 2005 y 2006 vendió en subasta pública la cartera de 52 mil 418 créditos que en promedio tenían 40 mensualidades vencidas, y en algunos casos llevaban hasta 17 años sin realizar pago alguno.
El organismo precisó que en alrededor de 16 mil casos se trataba de viviendas abandonadas, invadidas o traspasadas de manera irregular; y para la otra mitad se abrieron mesas de atención, a las cuales se acercaron sólo 5 mil personas.
La primera convocatoria para rematar 18 mil 702 créditos en subasta pública se publicó el 31 de octubre de 2005, y fueron adquiridos por la empresa Capmark. La segunda, para vender cartera de 33 mil 716 créditos vencidos, se publicó el 3 de abril de 2006 y se asignó a SCRAP 2.
Fuente: lajornada
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