Policías realizan disparos para disolver manifestación de estudiantes de la FES Acatlán en Naucalpan

18 de agosto de 2016.
Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La tarde del 15 de agosto de 2016 jóvenes estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM se manifestaron en contra de la reducción de matrícula estudiantil en las licenciaturas de las Áreas de las Humanidades y de las Ciencias Sociales y ante el poco interés mostrado por las autoridades de este campus las protestas se intensificaron por algunos sectores.

Al lugar de la manifestación, justo frente a la entrada de la FES Acatlán, se presentaron miembros de la Policía de Naucalpan de Juárez, quienes portaban armas largas y pasamontañas en franca violación a los criterios internacionales básicos de uso racional de la fuerza. Con la detonación de al menos 10 disparos de armas de fuego de alto poder, al aire y al suelo las fuerzas policiacas pusieron en grave riesgo la vida y la integridad física de personas civiles que se manifestaban, pero también de quienes se encontraban en las inmediaciones del lugar, fundamentalmente estudiantes, profesores, trabajadores universitarios e incluso vecinos de la zona.

Cabe destacar que apenas el 9 de agosto pasado el alcalde de Naucalpan Edgar Olvera anunció en un escueto comunicado de prensa la incorporación en “próximos días” al Mando Único Policiaco del gobierno del estado de México, el cual opera con 118 municipios de los 125 que conforman la entidad desde el 24 de mayo de 2016. Esto genera una incertidumbre fundada: ¿Quién ordenó y permitió que los uniformados se presentaran con armas de fuego y el subsecuente uso de dichas armas? ¿Edgar Olvera? ¿Eruviel Ávila? ¿Al gobierno del Estado de México y de Naucalpan les importa respetar los derechos humanos?

Resulta por demás preocupante que en el contexto de un debate legal y social sobre la constitucionalidad o no de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México los gobernantes mexiquenses insistan por acción u omisión en el uso de armas letales contra manifestaciones públicas. Lo anterior sin soslayar que estos actos no pueden pasarse por alto cuando en los tiempos recientes han ocurrido masacres y violaciones a derechos humanos terribles como las cometidas en Oaxaca, Chiapas y el propio estado de México contra el magisterio democrático y pueblos campesinos e indígenas.

Por lo anterior desde esta organización de la sociedad civil exigimos categóricamente a las autoridades competentes en los distintos ámbitos de gobierno realicen una investigación exhaustiva, se lleve ante la justicia a las autoridades responsables y se sancione con apego a derecho.

En el mismo orden de ideas llamamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a que en apego a sus facultades inicien las actuaciones necesarias que permitan prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que puedan desprenderse de estos actos de autoridad.

Así mismo, hacemos el más atento y respetuoso llamado a las autoridades universitarias a propiciar y privilegiar el diálogo con su comunidad; atender la crítica y el debate como principios fundamentales de la Universidad resulta vital para encontrar caminos de solución pacifica de las controversias.

Manifestamos que nos mantendremos atentos y atentas, observadores al seguimiento que se dé de estos hechos a todas luces reprobables, consideramos que es de interés de la sociedad mexicana que sus jóvenes además de tener acceso a la educación superior pública y gratuita sean respetados y protegidos de las forma más amplia en su vida y en su integridad. No podemos permitir que ocurra una nueva tragedia en materia de derechos humanos contra quienes se preparan para formar un México mejor.

Protestar es un Derecho, Reprimir es un Delito

‪#‎NoLeyEruviel‬