En una sesión histórica, el Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación mediante una reforma al Código Penal estatal que refuerza la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
Con la aprobación de la iniciativa impulsada por la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la diputada Zaira Cedillo Silva (morena), y votada en contra por la bancada del PAN, el Estado de México se convierte en la entidad federativa número 18 en no criminalizar a quienes recurren a este procedimiento médico.
Aunque Chiapas dio un paso reciente en el mismo sentido al suprimir de su Constitución el “derecho a la vida desde la concepción”, está pendiente la modificación a su Código Penal.
De acuerdo con el proyecto, avalado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y cuyo trámite a dictamen fue dispensado, el aborto (después del plazo de tres meses) será un delito, cuya pena irá de seis meses a un año de prisión. En caso de practicarse sin el consentimiento de la persona gestante, indistintamente de la etapa del embarazo, serán de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa, pero si en su comisión se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia en los cuidados ginecobstétricos, la pena prevista aumentará en una mitad.
En cuanto al personal médico, de enfermería o partería, que realice el procedimiento después de las 12 semanas de gestación, además de las sanciones antes mencionadas, será suspendido de tres a seis años en el ejercicio de su profesión y podrían ser hasta 20 años en caso de reincidencia.
Aun después de este plazo, el aborto no será considerado un delito cuando sea resultado de una acción culposa, es decir sin la intención de cometerlo; por un embarazo derivado de una violación; implantación no consentida de óvulo fecundado o inseminado artificialmente, independientemente de si exista o no denuncia, y en caso de que la mujer o persona gestante corra peligro de muerte o su salud (física o mental) se vea severamente afectada a juicio médico.
En este supuesto también están excepciones como alteraciones genéticas o congénitas del producto que deriven en trastornos físicos o mentales graves; si se demuestre que la persona embarazada haya sido ocultada, obstaculizada, amenazada o privada de su libertad para evitar el aborto, dentro del plazo de las doce semanas, y cuando exista un trastorno ginecológico que haya impedido tener conocimiento del embarazo.
El personal médico y de salud deberá proporcionar a la mujer embarazada o persona gestante información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes.
Además del Estado de México, en la Ciudad de México (primera entidad en aprobar su despenalización en 2007), Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Jalisco y Zacatecas, lo avalaron hasta las 12 semanas, mientras que en Sinaloa el margen se extiende hasta las 13 semanas.
Desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de castigar penalmente el ejercicio del derecho a decidir, al establecer que “el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo”. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Por lo tanto, “criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional”.
La iniciativa fue firmada por las legisladoras Zaira Cedillo (morena), Paola Jiménez Hernández (independiente), Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM), Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena), Graciela Argueta Bello (morena), Brenda Colette Miranda Vargas (morena), Angélica Pérez Cerón (morena), María José Pérez Domínguez (morena), Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), Ruth Salinas Reyes (MC) y Araceli Casasola Salazar (PRD), así como por le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena).
Fuente: https://legislativoedomex.gob.mx/boletin/3efe32c8-c373-476d-9464-34c2d5b64c00
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