Como es sabido por todos, en México y en nuestro estado, aplica la siguiente frase:
“La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”
Como resultado, tenemos a muchas personas en prisiones pagando condenas por delitos que no han cometido, siendo seleccionados por la policía y jueces debido a su sitios económica, su color de piel o su aspecto.
Hace tiempo, en el EdoMex nacio el colectivo Haz Valer Mi Libertad y Hazme Valer, una agrupación de familiares de presos inocentes que tienen pruebas de que sus procesos han sido amañados, y gracias al apoyo de algunos diputados lograron impulsar la ley de amnistía para irlos libertando, un proceso que ha ido a cuentagotas.
En el sentido opuesto, los Diputados Cesar Agustín Hernández, Samuel Rios y Angélica Pérez votaron a favor de que se aplique prisión automática a personas que sean acusadas por algún delitos de los que están en el catalogo, actividad que es contraria a todas las convenciones de los Derechos Humanos, debido al posible aumento de presos inocentes, pues no es necesario demostrar que son culpables, solo por ser señalados serán encarcelados mientras se investiga.
En este contexto, una Diputada de Movimiento Ciudadano se expresó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos:
Al referir que en la entidad 85 por ciento de las personas fueron detenidas sin orden de aprehensión, y que el 66 por ciento sufrió tortura en su detención, la legisladora Ruth Salinas Reyes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la LXII Legislatura mexiquense, recriminó que el Estado de México se ha convertido en una fábrica de culpables y métodos de tortura.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorado el 10 de diciembre, dijo que en la entidad hay poco que reconocer al respecto, porque la población mexiquense sigue siendo criminalizada, violentándose sus derechos, pues se acostumbró a vivir con miedo del crimen organizado y de las propias autoridades.
Tras criticar que la ciudadanía tiene miedo al actuar de las policías municipales, compartió que en la entidad existen 34 mil personas presas, de las cuales 19 mil 500 (es decir, el 57.3 por ciento), fueron encerradas con sentencias de forma injusta y violatoria de sus derechos, y que la mayoría son jóvenes, indígenas, personas de escasos recursos, de piel morena y con estudios máximos de secundaria.
Lamentó que en los centros penitenciarios la extorsión sea una práctica cotidiana, porque hay cobros por visitas, por protección, por ir al sanitario, por tener un lugar para dormir, donde todo tiene un precio que no se puede costear, por lo que llamó a mejorar las leyes en la materia.
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