Causa alta conflictividad la imposición de infraestructura a pueblos originarios

Saludos.

En la jornada publican un articulo, donde se hace referencia a los problemas que se generan cuando el gobierno impone obras a pueblos originarios, tales como autopistas, minas, etc.

El texto lo citó aquí, a modo de reflexión, ya que el gobierno municipal ha generado muchos problemas al tratar de imponer ciertas cosas, que en un principio parecen razonables, pero no ha tenido la delicadeza de preguntar a los habitantes o llegar a acuerdos.

Casos emblemáticos 

  • el TES Chicoloapan, cuando en una muy cuestionada asamblea se hecho encima a los ejidatarios, ya que el ayuntamiento se jactaba de una donación, mientras que los ejidatarios solicitaban un pago justo por sus tierras, esta situación tiene como resultado que el TES no tenga un espacio aún.
  •  el hospital, cuando el ayuntamiento trató de imponer su ubicación en San José, situación que destruiría el único espacio que existe para hacer deporte en la zona, sin ofrecer alternativas o buscar otros espacios, al final optaron por hacerlo en las Unidades.

Citamos fragmentos del articulo a continuación:

Ante el Foro Permanente para las cuestiones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sesiona en Nueva York, el diputado mexicano Carlos de Jesús Alejandro denunció la alta conflictividad que existe en México por la imposición a los pueblos originarios de obras de infraestructura sin consultarlos, como la ampliación de la autopista en Tepoztlán, Morelos; represas como La Parota, en Guerrero, o Las Cruces, en Nayarit, y los proyectos eólicos en Puebla, Oaxaca y Baja California.

…están detonando conflictos, polarizando a las comunidades indígenas, “pues las empresas extractivas no informan previamente a cabalidad de las implicaciones y devastación que tendrá para los territorios indígenas.

…muchos Estados están siendo omisos a la hora de legislar y armonizar sus leyes en materia de derechos de los pueblos indígenas con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo en el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, que es la herramienta jurídica que tienen los pueblos para defender su concepción de desarrollo cuando este diverge de la visión del Estado o de otros intereses. Por ello llamó a los Estados nacionales a aprobar dichas leyes para garantizar a los pueblos indígenas su derecho a incidir en la toma de decisiones que directamente los afecten.

Continúa en: http://www.jornada.unam.mx/2014/05/23/politica/019n2pol

 

 

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