Saludos.
Careciendo de autoridad moral, el Partido Nueva Alianza, (negocio de Elba Ester Gordillo), por medio del diputado Local Marco Antonio Rodríguez Hurtado, propuso:
realizar una modificación a su Código Penal para imponer cárcel de cinco a 10 años y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo, agravando la sanción a reincidentes, a quien preste servicios educativos sin autorización o reconocimiento oficial
¿Quién voto a favor?, R= PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México
¿Qué diputado lo propuso? R= Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza)
¿A cuantas escuelas populares y profesores consultó para tener los elementos suficientes para plantear la propuesta?
R= ¿?
Al principio suena bien, pues hay una importante cantidad de escuelas particulares sin validez oficial que lucran con los estudiantes.
Pero realmente, dicha reforma parece tener en la mira a las organizaciones sociales que promueven escuelas en zonas marginadas.
La reforma afecta a organizaciones como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y la Unión de Bases Autogestivas Democráticas Emiliano Zapata (UBADEZ), que por décadas han instalado escuelas, de educación básica hasta universidad –en el caso de la primera– en comunidades marginadas mexiquenses.
…
Advirtió que trabajan en asentamientos irregulares, formados a partir de la población migrante que llega a la entidad –alrededor de mil personas diarias–, lo que genera un crecimiento desordenado, caótico
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…
la adición legislativa no sanciona a quienes lucran de manera indebida con servicios educativos fraudulentos, sino persigue de forma indiscriminada a educadores que no están autorizados o reconocidos por el estado
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El artículo 148 del Código Penal del estado de México establece: “Al que preste servicios educativos que, conforme a la ley, requiere autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a mil 500 días. En caso de reincidencia, la pena se incrementará de una a dos terceras partes. La situación de trámite de la incorporación no libera de la responsabilidad.
Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público del ámbito educativo, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que les corresponda por el delito cometido y se le impondrá, además, la destitución y su inhabilitación de ocho a 20 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos
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Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/07/14/sociedad/035n1soc
A continuación el boletín que emite Comunicación Social de los Diputados Locales del Estado de México.
Toluca, Méx., 12 de Julio de 2013 COMUNICADO DE PRENSA No. 0587
CONGRESO MEXIQUENSE APRUEBA REFORMAS PARA REGULARIZAR SERVICIOS EDUCATIVOS
• Otorga legalidad a las instituciones que están asumiendo la responsabilidad de brindar educación: PRI
• Se trata de regularizar los servicios educativos: Nueva Alianza
• Su aprobación permitirá la persecución de actores sociales: PRD.
• Fortalecen trabajo del Cronista Municipal en los 125 ayuntamientos mexiquenses.
Al que sin tener reconocimiento de validez oficial de estudios, preste servicios educativos, se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo vigente, establece la reforma al Código Penal del Estado de México, aprobada por la LVIII Legislatura estatal.
En sesión del Quinto Periodo Extraordinario, con el voto a favor de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, y en contra de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, los diputados locales decretaron adicionar el artículo 148 Ter y un Capítulo XX, denominado “Impartición Ilícita de Educación”, al Libro Segundo del Código Penal, contenida en el dictamen leído por el legislador Sergio Mancilla Zayas (PRI).
Esta adición agrava de una a dos terceras partes la sanción, en caso de reincidencia o si existe la intervención de un servidor público del ámbito educativo, caso en el que procederá la destitución e inhabilitación de ocho a 20 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y establece que el trámite para la incorporación al sistema educativo, no libera de la responsabilidad, y que el delito se perseguirá de oficio.
El resolutivo elaborado a la propuesta del diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), también adiciona una fracción IV al artículo 176 del Código Penal, con el objetivo de equiparar al delito de usurpación de funciones públicas o profesionales, la prestación de servicios educativos por parte de persona física, miembros o representantes legales de una persona jurídica o de una sociedad, corporación, empresa o grupo, con la promesa de entregar un certificado, título o grado académico, o de que se encuentra en trámite, sin tener la autorización de una autoridad educativa competente. Al responsable de este delito se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.
Asimismo, se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Educación del Estado de México, con el propósito de que la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios, que puedan obtener los particulares, sean específicos e intransferibles para cada plan.
En este asunto, el diputado Héctor Hernández Silva (PRI), dijo que como integrante del magisterio estatal, tiene conciencia clara de las necesidades de los profesores, por lo que expresó su solidaridad con el gremio y aseguró que esta reforma da legalidad a las instituciones que están asumiendo la responsabilidad de brindar educación. Indicó que sanciona a las personas que no cuentan con la preparación académica y se asumen como profesores calificados.
En ese sentido, el diputado Alberto Hernández Meneses (Nueva Alianza), como dirigente sindical y representante de trabajadores de la educación, dijo que no se debe aprovechar coyunturas para politizar; se trata dijo, de regularizar los servicios educativos; “se debe proteger a la educación pública” para evitar que surjan escuelas sin control alguno, las cuales son un negocio cuyas consecuencias repercuten en quienes no se les permitió acceder a educación pública.
En tanto, el legislador Armando Portuguez Fuentes (PRD), al manifestar el voto en contra de su Grupo Parlamentario, consideró que la redacción de la reforma criminaliza la prestación de servicios educativos sin contar con la autorización de las autoridades educativas. Consideró que su aprobación permitirá la persecución de actores sociales, cuyo interés únicamente es cubrir la falta de cobertura educativa.
Al respecto, el diputado Higinio Martínez Miranda, coordinador de Movimiento Ciudadano, opinó que con la aprobación de este dictamen se criminaliza a “profesores titulados que tienen el interés de cumplir con lo que el Estado no cumple”, cuyas sanciones se equiparan a las aplicables por narcotráfico o secuestro.
Por su parte, el legislador Octavio Martínez Vargas (PRD), consideró que de aprobarse esta reforma, ninguna escuela que esté en trámite de regularización será sancionada toda vez que se ampararán, por lo que sugirió cambiar la redacción y no criminalizar a las personas físicas sino únicamente a los que persiguen un lucro.
Fuente: http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2013/1307/bols_web/587.html
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