En huelga de hambre, al menos 12 internos del Altiplano; Ignacio del Valle, uno de ellos

Fuente: lajornada

Toluca, Méx., 20 de octubre. Al menos 12 internos recluidos en el módulo tres del penal de máxima seguridad del Altiplano, entre ellos Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, mantienen desde el viernes pasado una huelga de hambre en protesta por maltratos y violaciones a sus garantías individuales que sufren en esa cárcel federal, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, denunciaron integrantes de organizaciones de derechos humanos de la entidad.

A pesar de que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron que la protesta había concluido el sábado, este martes los activistas denunciaron que el ayuno –iniciado el pasado día 15– continúa toda vez que las restricciones para los reos se han incrementado en las últimas semanas.

Mónica Hurtado, dirigente de la Asociación de Derechos Humanos del estado de México, informó que familiares de Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión, le comunicaron que él es uno de los internos que permanecen en ayuno. La activista solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dar seguimiento a las quejas de los atenquenses.

Ignacio del Valle y los demás ayunantes denunciaron que su situación dentro del penal es infrahumana, ya que son agredidos física y sicológicamente, sufren el robo constante de sus pertenencias y su correspondencia es destruida por las autoridades penitenciarias.

El conflicto que llevó a los habitantes de San Salvador Atenco a prisión se originó en el sexenio foxista, cuando esa administración intentó construir un aeropuerto en sus ejidos, sin antes preguntarles si estaban dispuestos a vender sus tierras y a qué precio.

El conflicto escaló y el ingreso de la policía a esa localidad, el 3 y 4 de mayo de 2006, terminó en actos de represión que originaron la muerte del joven estudiante Alexis Benhumea, el encarcelamiento de decenas de campesinos y activistas y las correspondientes denuncias por las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el operativo policiaco.

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