La violencia ya tocó al círculo cercano de Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, cuyo escolta, Rodrigo Solís, fue ejecutado el miércoles 17, días después del hallazgo de los 24 cuerpos en un paraje de La Marquesa.
El reclamo territorial por parte de Los Zetas data de hace meses. En mayo de 2007 ese grupo dejó un claro mensaje al gobernador Peña Nieto, cuando en el puerto de Veracruz fueron ejecutados Guillermo Ortega, Érick López, Roberto Delgado y Fermín Esquivel, escoltas de la familia del gobernador.
Aquella ejecución sacudió a Peña Nieto, quien vía telefónica preguntó a los funcionarios que investigaban el caso.
-¿Querían matar a mi familia? Por favor, díganme si pretendieron atentar contra mis hijos?
La tesis que se manejó fue que la confrontación se debió a un incidente de tránsito. Pero existe un dato relevante: la camioneta en la que viajaban los familiares de Peña Nieto recibió un impacto de bala en la parte trasera. ¿Querían realmente matar a su familia? Las investigaciones no han arrojado conclusiones hasta la fecha.
El pasado 11 de junio, el gobernador mexiquense recibió otro mensaje del narco. Ese día fue asesinado Braulio Hernández, escolta de Cuitláhuac Ortiz, director operativo de la Policía Ministerial, sobrino político de Peña Nieto y a quien investigaciones federales señalaban como uno de los principales protectores de las narcotienditas que operan en el Estado de México.
Según las pesquisas, el asesinato de Hernández puede estar relacionado con la detención de 15 narcos y el decomiso de poco más de 500 dosis de cocaína en la entidad. Y es que junto al cadáver del escolta apareció un mensaje que se atribuyó la organización criminal conocida como La Familia: "Con La Familia no se juega, vayan preparando el traje con el que se van a morir".
Funcionarios y exfuncionarios locales, así como datos de inteligencia y fuentes consultadas por Proceso sostienen que durante la administración de Montiel, acusado de enriquecerse a la sombra del poder, el Estado de México sirvió de refugio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, tras su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.
Las fuentes consultadas, quienes pidieron el anonimato, aseguran que Guzmán Loera vivió cómodamente y sin perturbaciones en Atizapán de Zaragoza, en la exclusiva zona residencial Condado de Sayavedra, junto a Naucalpan.
El desplazamiento
En su etapa de bonanza del cártel de Sinaloa, los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, conocidos como El Barbas y El H, respectivamente, emprendieron la conquista de Morelos y Guerrero desde dos puntos clave: el sur del Distrito Federal y Huixquilucan, en el Estado de México.
Tuvieron que abandonar el municipio regiomontano de San Pedro Garza García, en donde conviven empresarios y narcotraficantes sin distinguirse, para afincarse en la exclusiva zona de Interlomas, donde el desarrollo empresarial los mantuvo a salvo de la cacería de Los Zetas.
"Se sentían como parte de la clase empresarial más exclusiva de México, y de hecho se codeaban con el jet set capitalino y mexiquense", refiere una de las fuentes consultadas.
Dispuestos a dominar la plaza, los Beltrán Leyva trazaron sus rutas de trasiego y crearon el corredor Tecamachalco-Naucalpan-Huixquilucan, cerca de unas fastuosas instalaciones militares que, lejos de incomodarlos, les dieron seguridad. Los hermanos Beltrán Leyva llegaron a considerar que su radio territorial estaba seguro.
Sin embargo, el cártel de Sinaloa comenzó a tambalearse en el Estado de México al iniciar la guerra por el control del sureste mexicano. Por lo menos una docena de entidades empezaron a disputarse entre La Federación y el cártel del Golfo. Al iniciar el gobierno de Peña Nieto, en 2004, Los Zetas desataron una oleada de violencia para posicionarse en el territorio.
Desplazados y sin el aparente respaldo oficial, los hermanos Beltrán Leyva enviaron mensajes a la cúpula del poder. Al iniciar 2005 fue asesinado Simón Carrillo Chomtovsky, pieza clave de Peña Nieto, cuyo hermano, Alejandro, influyó para acercar a Peña Nieto con Televisa y afianzar sus planes con miras a los comicios de 2012.
El crimen fue atribuido a los Beltrán Leyva, quienes tuvieron que salir del Estado de México. Junto con ellos salió Horacio Brunt Acosta, agente federal que saltó a la fama tras la detención de Juan García Ábrego en enero de 1996 y quien hoy es señalado como presunto enlace de los hermanos Beltrán en España. Los hermanos se afincaron en Acapulco.
La guerra entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa derivó en un reacomodo de fuerzas en el sureste del país, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública. En Tamaulipas, ambos grupos se repartieron el territorio. Los de Sinaloa cruzan droga por Nuevo Laredo desde que rompieron relaciones con los Beltrán Leyva, quienes a su vez se ligaron con Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez.
En Oaxaca, la familia Díaz Parada, con larga historia en el tráfico de mariguana, según la PGR, reventó sus vínculos con el Golfo y se alió al cártel de Sinaloa. En respuesta, Los Zetas secuestraron a Jesús Díaz Parada, cuya red criminal fue obligada a servir a los intereses del cártel del Golfo, según asienta la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/057/2008.
Así mismo, parte del estado de Quintana Roo quedó en poder de Sinaloa, pero los del Golfo se quedaron con la mayor parte: controlan Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Michoacán y extendieron sus dominios hasta el Estado de México.
Según datos oficiales, La Familia, escisión del cártel del Golfo, se afianzó en buena parte de esta entidad a partir de 2007. Desde entonces comenzaron los secuestros, una de sus actividades adicionales al tráfico de drogas. Hoy en el Estado de México se registran 72 plagios, cinco de los cuales aún están en proceso de negociación; también aumentaron los asesinatos.
Después de Chihuahua y Sinaloa, el Estado de México es la tercera entidad con más crímenes: registra 267 ejecuciones, muchas de éstas tienen el signo de la mafia: el tiro de gracia o la mutilación de algún miembro del cuerpo, según la falta que la víctima haya cometido.
La Familia amplió su carta delictiva: no opera sólo el narcotráfico, sino que financia sus actividades con el robo a transportes de carga; extorsiones, la piratería, el cobro a empresarios de los giros negros, como table dance, casas de cita y de masajes; cantinas con venta de droga, picaderos (a donde los adictos acuden a recibir sus dosis de heroína) y otros negocios ilícitos.
De acuerdo con datos de la SSP, los miembros de La Familia que operan en el Estado de México provienen de Michoacán y de Hidalgo. El grupo michoacano controla los municipios de Toluca, Metepec, Lerma, Tejupilco, Tlatlayan, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal. Su jefe es identificado como El Chango Méndez. Por su parte, el grupo hidalguense se afincó en el municipio de Ecatepec.
La misma fuente sostiene que en toda la entidad existen más de 5 mil tienditas al amparo de la policía local, cuyas disputas y corruptelas generan tragedias y han puesto en evidencia a las autoridades estatales y federales.
El testigo "Noé"
Reportes de inteligencia consultados indican que cuando el gobernador Peña Nieto habilitó a Cuitláhuac Ortiz Salinas, su sobrino político, como director de la Policía Ministerial, en poco tiempo este funcionario comenzó a controlar los puntos de venta de droga.
Las investigaciones de la PGR establecen que Ortiz Salinas, actualmente en funciones, operaba al amparo o en complicidad con José Manssur Ocaña, quien hasta el 6 de julio pasado era delegado de la PGR en el Estado de México y es primo hermano de José Manssur Quiroga, exsubsecretario general de Gobierno y ahijado de Humberto Benítez Treviño.
La presunta complicidad de Ortiz Salinas con redes opuestas al cártel del Golfo derivó en la ejecución de uno de sus escoltas, Braulio Hernández. Tras el crimen, que se atribuye a La Familia, los sicarios dejaron varios mensajes. Uno de ellos rezaba: "Sigues tú, Cuitláhuac".
Tras la destitución de Manssur Ocaña como delegado de la PGR, un miembro de Los Zetas cuya actividad era cobrar los derechos de piso a las narcotienditas optó por convertirse en testigo protegido de la PGR. En su expediente se asignó el nombre clave de Noé.
Este testigo reveló que buena parte del dinero que recaudaba en el Valle de Toluca por la venta de droga era entregado a Manssur Ocaña, a policías y a distintos funcionarios de primer nivel del gobierno de Peña Nieto.
A esta mezcla de complicidades se atribuye el fortalecimiento de La Familia en el Estado de México, cuyos miembros fueron puestos al descubierto precisamente por Noé. Su información permitió a la PGR golpear las estructuras del cártel del Golfo y de La Familia el pasado 20 de junio, cuando a través de la Operación Tornado fueron detenidas más de 10 personas ligadas a la venta de droga.
La voz del testigo no tardó en ser silenciada. El 21 de agosto último su cuerpo apareció tirado en La Marquesa. También fueron asesinados César Noé Nava Gómez y Luis Enrique Cruz Ruiz, los agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) responsables de la custodia del testigo protegido.
Miembros de Los Zetas y sus aliados de La Familia anuncian que habrá más ejecuciones en el Estado de México, incluidos algunos funcionarios públicos. El 14 de julio pasado fue acribillado Sergio Santana, hermano de Froylán Santana, exregidor de Huixquilucan.
El 15 de septiembre siguieron las ejecuciones: fue hallado el cuerpo de Julián Molinar, quien trabajaba en la Agencia de Seguridad Estatal. La mayoría de los crímenes no se han resuelto, a pesar de que Peña Nieto asegura que su gobierno ataca la impunidad y no pacta con delincuentes.
Desacuerdos entre altos mandos del cártel del Golfo y el gobierno de Peña Nieto han generado mayor violencia. El viernes 12, el Estado de México se vio de nuevo sacudido por el hallazgo de 24 cuerpos en un paraje de La Marquesa, con huellas de tortura. Las primeras investigaciones revelaron que se trataba de un grupo de narcomenudistas. Esta hipótesis se robusteció debido a que los exámenes toxicológicos de la mayoría de las víctimas resultaron positivos en diferentes drogas.
Una de las líneas de la indagatoria, a cargo de la procuraduría mexiquense y de la PGR, sostiene que los 24 ejecutados, dedicados a tareas agrícolas y de albañilería, pudieron estar relacionados con la construcción del llamado narcotúnel de 120 metros de longitud que fue descubierto el martes 2 en Mexicali, Baja California. Testigos de esa obra aseguran que eran decenas los trabajadores que recibían sus pagos de personajes que traían el rostro cubierto para no ser identificados.
Tras el hallazgo del pasadizo, presuntamente los albañiles y jornaleros fueron enviados a un refugio para evitar que revelaran datos de los responsables de la obra, quienes siguen desaparecidos. Las 24 personas asesinadas vivían en una vecindad de la colonia Los Olivos, en Huixquilucan.
Eran oriundos de Puebla, Veracruz, Guerrero y del Estado de México. Testigos que ya declararon ante la procuraduría mexiquense aseguran que la madrugada del miércoles 10 los 24 sujetos fueron sacados de sus cuartos por personas que vestían gorra, uniformes negros y azules con las siglas de la AFI bordadas en color dorado.
Tras ser torturados para "sopearlos", todos fueron ejecutados; todos tenían el tiro de gracia.