Saludos.
El Centro de Derechos de Humanos Zeferino Ladrillero, emite el siguiente llamado Urgente…
27 de Junio de 2017
AU-CDHZL: 5/2017
HECHOS:
El domingo 25 de junio de 2017, alrededor de las 11:30 dos agentes ministeriales detuvieron a Juan Villegas Mejía, representante indígena otomí por usos y costumbres de San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, estado de México, el detenido fue trasladado al penal de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, de la misma entidad federativa, bajo la Carpeta Administrativa 1238/2017.
Al someter a un proceso penal a Juan Villegas Mejía se presume buscan suspenderle sus derechos civiles y políticos, lo que repercutiría en el recurso de queja 82/2016 ganado el año pasado en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa y con lo cual se anula la posibilidad de una consulta indígena para cancelar el paso de la autopista Toluca-Naucalpan en territorios indígenas otomíes.
Su situación jurídica se determinará en audiencia pública del próximo 30 de junio de 2017 a las 10:00 hrs. ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla.
ANTECEDENTES
Juan Villegas, en 2016 fue elegido por usos y costumbres como representante indígena en San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan. En el mismo año interpuso un amparo para suspender el proyecto carretero Autopista Toluca-Naucalpan por no haberse realizado la consulta correspondiente a las comunidades afectadas, el amparo fue otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Con este recurso legal, la autopista podría cancelarse, al menos en el tramo que pasaría por las comunidades de Ayotuxco, puesto que a través de la consulta, el proyecto no se aprobaría.
Estas acciones legales, resultaron incomodas a los intereses de los gobiernos estatal y municipal de Huixquilucan, este último intentó revocar el amparo sin lograrlo hasta el día de hoy.
A decir del propio Juan Villegas Mejía, el presidente municipal Enrique Vargas Del Villar, el 30 de agosto de 2016 le hizo una llamada diciendo que desistiera de sus acciones o “le iban a dar en la madre”.
Dichas amenazas parecen haberse cumplido con la fabricación del delito de extorsión; el municipio es la parte acusadora y argumenta que un empleado de nombre Daniel Díaz González, recibió una llamada en donde Juan Villegas le exigía un millón de pesos, diciéndose respaldado por el cartel de Jalisco Nueva Generación, a cambio dejaría de promover el amparo antes mencionado.
El gobierno municipal de Huixquilucan no ha querido reconocer como indígenas a las comunidades y barrios que se asumen como tal en su municipio, es por eso que se ha negado a realizar la consulta correspondiente a las comunidades afectadas por la autopista Toluca-Naucalpan, sin embargo, con el amparo ganado por Juan Villegas en 2016, se exigía realizar la consulta y de negarse la comunidad, el megaproyecto podría suspenderse. Otra comunidad afectada, San Francisco Xochicuautla, también cuenta con un amparo para detener la construcción de la autopista en su territorio, sin embargo hasta el momento los trabajos de proyecto continúan.
No podemos soslayar el hecho de que parte de la acusación de las autoridades municipales versa en que el defensor de los derechos indígenas es dirigente del Cartel Jalisco Nueva Generación, equiparando así la defensa de derechos humanos con el crimen organizado, una política usada por los sectores más retrogradas del país desde hace varios años: la criminalización de la protesta social.
PETICIONES:
Por lo anteriormente narrado, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero exige un alto a la criminalización de JUAN VILLEGAS MEJÍA como defensor de Derechos Humanos y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que se garantice la integridad física y psicológica del representante indígena, así como realizar una investigación exhaustiva e imparcial para esclacer los hechos y se libere de manera inmediata al defensor.
Envíen sus llamamientos a las siguientes autoridades hasta antes de la fecha 2 de julio de 2017.
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